El domingo 2 de abril de 2017 tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. En principio, dos modelos de país, visiones de sociedad y políticas gubernamentales se sometieron al voto popular para definir la ruptura o continuación del modelo anterior. Por un lado, el binomio Lasso-Páez encarnaba el puro concepto de democracia liberal en lo político, y libre mercado en lo económico, así como una aproximación de la sociedad donde primaba el derecho a propiedad privada en detrimento de conceptos como la justicia social. Por el otro, la dupla Moreno-Glass significaba la extensión del modelo político, económico y social aplicado en la década anterior (2007-2017), en el cual, pese a sus errores, se buscó atacar las desequilibradas relaciones de poder imperantes en la época a través de un rol más activo del Estado, y sus mecanismos de política pública. Había una sola diferencia con respecto a los mandatos del economista Rafael Correa, y residía, inicialmente, en las formas más no en el contenido.

En los albores de 2017, bien por el incesante discurso mediático enarbolado por los medios de comunicación concentrados, bien por un inherente desgaste de ciertos canales institucionales entre la sociedad y el Estado -propio del ejercicio del poder durante 10 años- el país ‘necesitaba’ (así lo entendió también el oficialismo de aquellos momentos) un cambio en las formas de gobernabilidad: menor confrontación, frontalidad y exacerbación de los ánimos sociales. La figura del Lenín Moreno se mostraba así, como aquella capaz de permitir la continuación de un proyecto político con meros ajustes “superficiales”.

Sin embargo, no mucho tiempo después de la ajustada victoria de Alianza País, se evidenció que el tan pregonado cambio trascendía las formas. En efecto, el giro se encontraba no solo en el plano ideológico sino también en la misma concepción del proyecto nacional. Del Programa de Gobierno 2017-2021, presentado por Alianza País al Consejo Nacional Electoral (CNE) y, más importante aún, puesto a disposición a la sociedad durante el período electoral, apenas quedaban atisbos de lineamientos generales y ambiguos, así como el membrete del movimiento. El contenido había sido vaciado casi en su totalidad. Los poderes fácticos – las oligarquías, los medios de comunicación, el sector financiero, los propietarios de los grupos económicos concentrados y los grandes importadores –, otrora marginados del efectivo ejercicio del gobierno democrático, paradójicamente aún después de haber sido derrotados en las urnas, volvían a cooptar el Estado como durante tantas décadas lo supieron hacer.

Continuamente durante estos últimos tres años, muchas veces de manera contradictoria, el aparato mediático se ha encargado de difuminar y oscurecer este proceso que dislocó la dinámica formal de la democracia y el efectivo ejercicio del poder. No obstante, es imposible tapar el sol con un dedo. Si bien la mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas rechazó el plan de gobierno de las élites, fue este último el que irónicamente se ha implementado durante la presidencia de Lenín Moreno. A continuación, se presentan los puntos neurálgicos de la matriz de metas del Plan de Trabajo^[1] de la alianza SUMA-CREO:

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La superposición en criterios y políticas gubernamentales entre dicho plan y lo realizado por Alianza País, con Lenín Moreno a la cabeza, es asombrosa. El eje conductor que articula todas las actividades propuestas y les da un marco homogeneizante es el discurso neoliberal de desinversión estatal, avance del mercado, en tanto articulador de la reproducción social, y focalización de las políticas públicas. Es más, no solo es la agenda política que inconstitucionalmente se le impuso a la sociedad, sino que muchos de estos preceptos se encuentran en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2018.

Entre todos ellos, se mencionan algunos de los más importantes. Simplificación de los requisitos de contratación y desvinculación – con el supuesto de que esto volverá más competitivo y dinámico el mercado de trabajo (precarización laboral). Suscripción de acuerdos comerciales y de inversión basados en una lógica de aperturismo totalizante: menor restricciones por parte del Estado en el sector externo conlleva mayor prosperidad – para el mercado.

Asimismo, promoción de alianzas público-privadas generando “incentivos” para el sector privado, de forma tal que progresivamente administre los recursos públicos y gestione competencias del Estado. Simplificación – promoción de impuestos regresivos sobre el consumo – del régimen tributario, reduciendo su carga. Como si se tratase de una ley física, se plantea la devolución (a la banca privada) de la “autonomía” del Banco Central del Ecuador, así como la eliminación del monopolio legal en la operación del dinero electrónico. Por otro lado, la racionalización del sistema de subsidios a los combustibles cimentada en la lógica de focalización de las políticas públicas pregonada por la óptica neoliberal.

Finalmente, como si todo lo anterior fuera poco, se boga por la desinversión y desfinanciamiento de las empresas públicas abriendo el capital accionario al sector privado. De la misma forma, vale mencionar la intención de cambiar la estructura del sistema de seguridad social hacia uno de capitalización individual: de nuevo, se esgrime la mercantilización de lo público como aquella salida que permite ganar en eficiencia.

Algunos podrían argumentar que el gobierno de Lenín Moreno ganó las elecciones democráticamente vía elección popular, lo cual es correcto. En sentido schumpeteriano, las condiciones mínimas del funcionamiento de la democracia, -entendida como un método político- no fueron trasgredidas, toda vez que los agentes llegaron al poder mediante mecanismos electorales.

No obstante, vale la pena preguntarse ¿Qué se entiende por democracia? ¿Existe un concepto único y abarcativo? Más aún, ¿Es posible entender esta forma de gobierno como un set de requerimientos formales – elecciones, sufragio universal, libertad de prensa y ciertos derechos político y civiles – que funjan de referencia a partir de los cuales se pueda catalogar a un arreglo institucional como democrático o no?

El análisis invita a plantear un controversial punto ampliamente investigado por el politólogo estadounidense Robert Dahl^[2], y es ¿en qué medida el proceso político democrático trasciende la sola formación de un gobierno? En otras palabras, para catalogar a una forma de gobierno como democrática ¿bastaría o no con el cumplimiento de un umbral mínimo de acciones institucionalizadas que se repitan a lo largo del tiempo en función de parámetros de transparencia y eficacia?

En este sentido conviene usar la aproximación de Dahl al objeto de estudio. Según sus términos, la democracia sería un tipo ideal (poniéndolo en términos weberianos) o utopía teórica que se extiende sobre un espacio continuo. A tal efecto, el autor introduce el término de “poliarquía” como una categoría anclada en la praxis política y que según, los avances o retrocesos de los marcos constitucionales en función de ciertos criterios multidimensionales^[3], se acercaría o no al concepto de democracia.

Más allá de las críticas que ha suscitado su trabajo seminal, la obra enriqueció el debate académico y político, puesto que puso en cuestión el amplio acuerdo reinante de ese momento acerca de circunscribir la democracia al análisis únicamente de los métodos de elección y formación de gobierno. Asimismo, incorporó el impacto asimétrico que la distribución de los recursos económicos puede llegar a tener en la efectiva participación del proceso político de la sociedad (Munck, 2007).

En efecto, uno de los requisitos para el correcto funcionamiento de una “poliarquía” es que el Estado pueda asegurar no solo la existencia, sino la independencia de instituciones que controlen las políticas gubernamentales elegidas en función del voto popular que les dio el poder. Aquello implica entender la democracia de forma más extensa y dinámica.

¿Existían en Ecuador los mecanismos constitucionales para controlar la estricta ejecución y apego a la agenda política que ganó las elecciones en 2017? La respuesta es sí. Entre las tres causales de destitución del cargo ejecutivo tipificadas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y en concordancia con el Artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se encuentra el incumplimiento del plan de trabajo del Gobierno^[4].

Sin embargo, la cooptación por parte de los poderes fácticos, a través de la instrumentalización de la funciónejecutiva, de las instituciones de control ciudadano y del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) fue contundente, impidiendo el uso constitucional que el pueblo o la Asamblea podían hacer de esta herramienta.

La idealización romántica del concepto de democracia, sobre todo desde lo que Huntington llamó la tercera ola democrática, ha tenido un efecto secundario peligroso y dañino a la vez; se ha perdido la capacidad crítica al aprehender el objeto de estudio. En ese sentido, es necesario incorporar nuevas categorías al concepto de democracia que permitan trascender las formalidades electorales y de libertad de prensa empoderando al pueblo, y dotándolo de la capacidad activa de participar y controlar la toma de decisiones durante el mandato tanto del legislativo como del ejecutivo.

En conclusión, si no se pone énfasis en estas cuestiones el ‘juego’ democrático seguirá siendo funcional a las élites latinoamericanas, aparentando regímenes supuestamente inclusivos y populares, cuando en realidad, tras bambalinas, son pocos y los mismos quienes usufructúan de los beneficios del poder.

Bibliografía

A. N.-2. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its Critics. New Haven, CT: Yale University Press.

Munck, G. (2007). The Study of Politics and Democracy: Touchstone of a Research Agenda. In G. L. Munck, Regimes and Democracy in Latin America (pp. 28-38). New York: Oxford University Press.

Nacional, A. (2010). Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Quito: Asamblea Nacional.

1. Fuente: http://cne.gob.ec/images/d/2016/Elecciones_2017/Plan_de_Trabajo/ALIANZA%20CREO%20-%20SUMA-1.pdf ↑

2. (Dahl, 1989) ↑

3. Para un análisis detallado de los puntos planteados se recomienda revisar el texto original de Dahl (1989). ↑

4. Fuente: Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) ↑