Improvisación y marea en contra: un rumbo indefinido

Escrito por Nicolás Larrea para La Kolmena

El contexto internacional es poco alentador. Son evidentes las caídas en los mercados bursátiles, el descenso del comercio internacional, la drástica reducción del precio del petróleo, y la apreciación del dólar y el euro producto de constantes devaluaciones en los países emergentes en busca de equilibrar su sector externo. La causa subyacente: ralentización de la actividad económica de China afectada por la expansión del Covid-19 (Coronavirus).

Sin embargo, las repercusiones se hacen sentir de manera asimétrica toda vez que los países subdesarrollados, en parte por sus estructuras productivas disímiles en parte por su vulnerabilidad en el comercio internacional, han sufrido los vaivenes de manera más profunda. El Ecuador no ha sido la excepción. La vertiginosa caída del WTI[1] (precio de referencia de petróleo) de cerca del 29% en cuestión de días llegando a valores menores a los USD 30 por barril amenazó los ingresos del sector público proyectados en el Presupuesto General del Estado (PGE) en USD 51,3 por barril. Por otro lado, la imposibilidad de manejar la política cambiaria, a la luz de una apreciación del dólar a nivel mundial, tiene como correlato un encarecimiento de nuestras exportaciones –que se torna artificialmente menos competitivas con relación a, por ejemplo, aquellas de Perú y Colombia– y vía libre para la entrada de importaciones.

Por si esto fuera poco, desde 2017 el país afronta una etapa crítica en materia económica en la cual todos los indicadores dan fe de una situación de altamente delicada. Más concretamente, a partir del año 2018 se comenzaron a sentar las bases para la implementación de medidas de austeridad fiscal y prudencia económica, eufemismos que hacen referencia al paquete económico fondomonetarista de corte promercado (liberalización financiera, comercial, flexibilización laboral etc.). En este contexto, el Producto Interno Bruto registró caídas en los dos últimos años (1,3% y 0,5% respectivamente) debido a una contracción de la demanda agregada vía disminución del consumo privado (ingentes despidos en el sector estatal) y gasto público (las inversiones por parte del Estado se redujeron en USD 7 000 millones en los últimos 3 años). La contraparte fue una disminución de la recaudación tributaria (al reducirse la actividad económica existen menos transacciones y por lo tanto menos impuestos que cobrar) que se agudizó ya desde la aprobación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo en junio de 2018 con importantes exenciones impositivas a los grandes Grupos Económicos. La misma cayó 5,8% en el período 2018-2019. Asimismo, en solo tres años el país ha emitido bonos en el exterior un valor cercano a los USD 15 000 millones con un promedio de deuda con relación al PIB de 47,4% (mucho mayor a la década anterior donde la media se encontró en un 24,9%). Los indicadores del mercado de trabajo se vieron deteriorados dramáticamente con caídas en el empleo adecuado (38,8%), aumento de la desigualdad (0,473[2]) y pobreza (34,2%).

La delicada situación en la que se encuentra el país es innegable y mucho más la imperante necesidad de medidas que busquen palear y absorber los impactos externos en post de las grandes mayorías y sobre todo de los más vulnerables. Sin embargo, formalmente desde el año 2018 el interés por el bien nacional en la implementación de políticas económicas quedó supeditado a los requerimientos de los organismos multilaterales de crédito cuyo último fin es el efectivo cumplimiento del pago de deuda.

Por lo dicho anteriormente la capacidad que tiene el Gobierno está circunscrita a una baraja de opciones muy limitada. Más aún, el set de medidas económicas anunciadas mediante cadena nacional por el presidente Lenín Moreno el 10 de marzo de 2020 no solo es intrascendente a efectos de brindar soluciones para la crisis, sino que subsumirá a la economía en un pozo aún mayor poniendo en peligro al mismo régimen monetario (dolarización). Esto habla de la constante improvisación de un gobierno completamente deslegitimado, por un lado, y de la falta de soberanía en la toma de decisiones, por el otro. Vale la pena recalcar que existe un argumento ideológico subyacente a todo este accionar: la reducción del déficit fiscal entendiéndolo como la cura de todos los males[3]. A tal punto llega el sesgo dogmático que, justificando el fin a toda costa, las propuestas profundizan aún más la crisis económica, debido a su carácter procíclico, y lo que es más delicado, exponen, vía sector externo, el mismo funcionamiento de la economía.

A modo esquemático se pueden dividir las siete medidas económicas en tres grupos.

Aquellas concernientes la reducción del aparato estatal y su consecuente retracción como actor económico fundamental:

1. Reducción del gasto público en USD 1.400 millones; USD 800 millones en gasto corriente (compra de bienes y servicios) y USD 600 millones en inversión pública.
2. Fusión y eliminación de Ministerios, Secretarías y Agencias de Regulación: lo cual implica una nueva ola de despidos masivos en el sector público. La meta trazada por el FMI es de 180.000 despidos.
3. Reducción de salarios públicos,vía contribuciones, en dos rangos: USD 801 – 1 500 pagarán 4%, mientras aquellos que perciban como sueldo más de USD 1500 lo harán en un 8%. Se espera una suma cercana a los USD 600 millones.

Aquellas que buscan un incremento de los ingresos tributarios:

• Cobro impositivo del 5% del avalúo a carros cuya cotización sea igual o mayor a USD 20.000. El monto estimado a recaudar sería de USD 380 millones.
• Incremento de retenciones en la fuente del 0,75% de impuestos a la renta de empresas de pertenecientes a sectores bancarios, petroleros y de telecomunicaciones con su contrapartida en las arcas fiscales de USD 85 millones.

Finalmente, aquellas relacionadas con la deuda:

• Renegociación de la deuda externa: para lograr una extensión de plazos. Actualmente, el esquema de pagos es insostenible, en especial en el período 2020-2024 donde se concentran el grueso de los intereses de deuda.
• Mayor financiamiento externo: si bien no se revelaron nombres, se planteó la posibilidad de la llegada de desembolsos externos por un valor de alrededor de USD 2.400 millones.

Resulta llamativo, por lo menos, el razonamiento detrás de estas medidas. Como se mencionó anteriormente, la economía se encuentra en franca caída por lo que la contracción del sector público significará una agudización de los indicadores en una magnitud mayor al valor que se espera obtener como ingreso. Al satanizar el Gasto Público la economía neoliberal subestima e incluso niega el rol preponderante del Estado como actor activo en la administración y asignación de recursos en una sociedad. Desafortunadamente, la lógica no es lineal, es así como, la reducción del gasto del sector público en alrededor USD 2 000 millones de ninguna forma equivale a una reducción en la demanda agregada de igual magnitud. Al contrario, a través de lo que se conoce como el multiplicador de la demanda, esta última se achicará aún más. Nuevamente, los sectores más desprotegidos de la sociedad serán los más perjudicados. Debido a la seriedad del asunto, el gobierno está en la obligación de transparentar los rubros que se verán afectados, puesto que se está hablando de pagos de salarios en el sector público (sueldos de maestros, por ejemplo) que componen el gasto corriente.

Por otro lado, las medidas anunciadas con relación a cobros impositivos muestran claramente el fetichismo imperante en organismos como el FMI, y que el Gobierno (su vocero a nivel nacional) defiende a ultranza, acerca del déficit cero. No existe ninguna preocupación por quién está pagando proporcionalmente más, esto es, cuán progresivos son estos impuestos. El cobro del 5% a los automóviles con valor mayor a USD 20.000 tiene un claro impacto regresivo sobre las clases medias ecuatorianas y el porcentaje no guarda ninguna correlación a medida que el precio del carro aumenta. A su vez, el paupérrimo incremento del 0,75% del impuesto a la renta a ciertos grupos económicos resulta irrisorio, más aún si se tiene en mente que a través de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo se condonó el 100% de las multas, recargos e intereses a los 500 mayores deudores por una suma de USD 4.291,1 millones. En total, estos dos impuestos recaudarían alrededor de USD 445 millones. Es decir, irónicamente ni siquiera aportan de manera contundente al fin último que se busca: reducir el déficit.

En cuanto a las acciones propuestas con respecto a los compromisos internacionales, se pone en evidencia la patada de ahogado del gobierno a la luz de la situación tan compleja en términos de vencimiento de deuda. En efecto, solo en intereses de bonos emitidos en el extranjero el Estado tiene que hacer frente a un pago de USD 6 033 millones durante el período 2020-2023. Si a esto se le suma el nuevo endeudamiento que se plantea realizar por un valor de USD 2 000 millones, resulta claro el corsé presupuestario y las condicionantes que se están trasladando al próximo gobierno.

Para finalizar, es de suma importancia recalcar un aspecto que aparentemente pasó desapercibido por los técnicos del gobierno de todos. En línea con lo planteado al comienzo del artículo, la apreciación del dólar tiene como uno de sus efectos inmediatos el abaratamiento de las importaciones. En una economía con moneda propia este fenómeno se corregiría mediante una devaluación que ajuste vía precio el sector externo. Sin embargo, con la dolarización no solo no se cuenta con esta herramienta, sino que también la salida de divisas (producto del aumento de las importaciones, generalmente asociada a bienes suntuarios), así como la falta de entrada de dólares (ante la caída de las exportaciones) resultan mucho más nocivas para el funcionamiento del sistema monetario por el simple hecho que impacta de manera directa la liquidez de la economía. De la misma forma, el tejido productivo se ve afectado, puesto que se lo expone a una competencia desigual con productos externos artificialmente más baratos. La consecuente merma del empleo cae de madura. Ninguna de las medidas de este gobierno busca proteger este potencial problema.

Los factores externos –crisis del coronavirus, caída del precio del petróleo, apreciación del dólar –exceden el control del gobierno, no obstante, la impericia e ignorancia de su reacción, así como la situación económica y social deplorable en la que encontraba el país previo a la crisis, prenden las alertas acerca de la insostenibilidad de este modelo pensado para unos pocos.

[1] Por sus siglas en inglés: West Texas Intermediate.

[2]Coeficiente de Gini: se habla de una distribución más equitativa cuando su valor se acerca a 0, mientras que un número próximo a 1 muestra lo contrario.

[3] Teóricamente el mismo viene sustentado a través de lo que en Economía se conoce como los déficits gemelos; postura neoclásica que plantea la necesidad de una corrección de las cuentas fiscales como condición sine qua non de un equilibrio externo y reactivación económica.